La normativa incluida en la Ley de Economía Sostenible (disposición final cuadragésima tercera), publicada en el BOE el pasado 5 de marzo, constituye un antes y un después para el sector cultural y de creación en España. Han sido muchos los años de reivindicaciones y pugna contra la incomprensión, duras críticas, cuando no el insulto, y los retrasos injustificados en la aprobación de una norma antidescargas ilícitas lo que ha contribuido a que la vulneración de los derechos de propiedad intelectual se haya convertido en una lacra social. La denominada ley Sinde es, por tanto, un hecho del que la industria, los creadores y la ciudadanía en general debemos congratularnos. Al menos por dos razones: la primera, porque la legislación aprobada ha sido fruto del acuerdo acuñado por los tres partidos políticos con mayor representación parlamentaria (PSOE, PP y CiU), lo que supone casi un pacto de Estado. La segunda se resume en que ese mismo pacto compromete a los tres grupos firmantes a velar no solo por la permanencia de esta normativa en el tiempo, sino también, y de manera muy especial, de su eficacia. Sería muy lamentable que tras el esfuerzo realizado y desgaste sufrido, todo quedara en papel mojado por las diversas carencias que se han observado en la norma y que, sin lugar a dudas, deben ser subsanadas en el futuro reglamento que la desarrollará en breve plazo.

Pese a contar por fin con normativa y el compromiso del Gobierno por intentar frenar el continuo deterioro de la industria de contenidos culturales, España mantiene su imagen de paraíso para la piratería en internet y vuelve a estar un año más en la denominada Lista 301 que difunde la Oficina de Comercio de Estados Unidos (Office of the United States Trade Representative, USTR). Es cierto que en esta ocasión hemos dejado las primeras posiciones para pasar al segundo nivel. El Gobierno norteamericano modera su presión y, en principio, ve con buenos ojos la voluntad que dicen tener las autoridades españolas por atajar las descargas ilícitas en internet. Lo cierto es que, si bien el mencionado informe parece dar un poco de aire a nuestro país, ni es para celebrarlo ni nos permite bajar la guardia. Entre otras cosas porque en asuntos como la vulneración de los derechos de propiedad intelectual seguimos en el mismo nivel que países como Bielorrusia, Vietnam, Bolivia… en fin, para qué seguir. Una mejora poco exitosa, tras años de dura lucha en los que se han sufrido muchos desencantos y sinsabores.

Sin querer ahondar más en el pasado, lo importante para la industria de contenidos culturales es que España cuenta, por fin, con una normativa que pretende poner freno a la vulneración de derechos de propiedad intelectual en la red. Fundamental para el sector, para el país y para cualquier ciudadano y usuario internauta que considere que apropiarse de lo ajeno, sin el consentimiento de sus legítimos propietarios, constituye un acto inaceptable en cualquier sociedad desarrollada.

Ahora toca a las autoridades velar por que la legislación sea eficaz y no se convierta en el hazmerreír de los que se lucran con la piratería organizada. Para ello es imprescindible que el reglamento que la desarrolle incluya aspectos de gran importancia para proteger de verdad los derechos de propiedad intelectual. Es fundamental poder actuar contra las conductas vulneradoras en lugar de centrarse de forma exclusiva en los contenidos. De no ser así, el presunto vulnerador retiraría estos ante el requerimiento de la futura Comisión de Propiedad Intelectual, pero los volvería a colocar justo después de que las actuaciones queden archivadas (menos de 48 horas), por lo que el procedimiento tendría que comenzar de nuevo una y otra vez. Si por razones exclusivamente políticas, porque de otra manera no hay explicación razonable, el Gobierno no incluye la persecución de las conductas vulneradoras, que al menos clarifique en el reglamento que, cuando exista reincidencia, el procedimiento seguirá hasta el final; es decir, hasta el cierre o el bloqueo de la página con contenidos ilícitos.

Por otra parte, es necesario que también se actúe contra las páginas de enlaces por ser estas eslabones clave en la cadena de destrucción de valor que implica la difusión en internet de material ilícito.

Es hora ya de que en España defendamos nuestra cultura con firmeza y con normas que la protejan con eficacia. El Gobierno y los partidos políticos que en su día suscribieron el acuerdo para sacar adelante la legislación antidescargas están obligados, política y moralmente, a conseguir el objetivo para el que la diseñaron. Es primordial que el reglamento que desarrolle esta legislación incluya los aspectos antes mencionados para que pueda contribuir de manera real a proteger los derechos de propiedad intelectual y atajar las descargas ilícitas.

Es una exigencia, no solo de la industria cultural, sino de todo ciudadano que respete el trabajo de los que pretenden vivir de sus obras y creaciones. Ciudadanos responsabilizados con el progreso y el bien común que defendemos la inmensa mayoría en nuestro país, frente a la minoría de los que se apropian de lo que no es suyo, sea en internet o en el medio físico, para vivir y enriquecerse de manera ilegal. Ciudadanos que, en definitiva, consideramos la cultura como uno de los bienes más preciados de toda sociedad moderna.

Andrés Dionis. Director de la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos